La  octava  ronda entre la Unión Europea y el Reino Unido tuvo lugar en Londres durante los pasados días 8, 9 y 10 de septiembre. Unas negociaciones que estuvieron marcadas por el controvertido proyecto de ley propuesto por el Reino Unido que violaría el derecho internacional.

Bruselas, 15 de septiembre de 2020. Durante la  octava  ronda de negociaciones, la Unión Europea trató de encontrar soluciones a las líneas rojas marcadas por Reino Unido, mostrando flexibilidad en puntos esencias de la negociación como son el rol del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la autonomía legislativa del Reino Unido y la pesca. Sin embargo, la UE lamenta la falta de reciprocidad por parte de Reino Unido, constatando que aún se mantienen grandes diferencias en áreas de vital interés.

En su declaración posterior, Michel Barnier afirma que el Reino Unido rechaza la inclusión de garantías de competencia justa en el acuerdo mientras por otro lado solicita un libre acceso al mercado europeo. Pero esta no es la única materia paralizada que es relevante para la Unión Europea: faltan, por ejemplo, garantías de que no se va a producir una regresión de las normas sociales, ambientales, laborales y climáticas en la isla británica. Además, y siempre segundo Barnier, el Reino Unido tampoco muestra voluntad de avanzar en otros temas importantes como son el establecimiento de un mecanismo de resolución de conflictos, la introducción de garantías para la cooperación judicial y la aplicación de la ley, la pesca o la introducción de requisitos de igualdad de condiciones en los sectores de transporte y energía

Por otro lado, la UE pide más claridad dadas las incertidumbres sobre el régimen sanitario y fito-sanitario del Reino Unido a partir de 1 de enero del año que viene, y así poder valorar su inclusión o no en la lista de terceros países. Como respuesta a esta duda y ante la posibilidad de que pueda crearse una frontera dura entre la UE y el Reino Unido, los ingleses pusieron en marcha un proyecto de ley de mercado único que la UE considera que vulneraría el Acuerdo de Retirada. Dicho proyecto de ley espera, entre otras medidas, cancelar la obligación de presentar declaraciones de exportación cuando se trasladen mercancías de Gran Bretaña a Irlanda del Norte.

El argumento del Reino Unido se basa en que la UE amenaza con añadir barreras al mercado británico al paralizar el transporte de productos alimentarios desde Reino Unido hasta Irlanda del Norte, lo que para ellos representaría una violación del Acuerdo del Viernes Santo (Belfast), así como que el Acuerdo de Retirada fue firmado muy rápidamente, concediendo un amplio margen de maniobra a la Unión Europea.

Ante esta perspectiva, la UE está preparándose para todos los escenarios posibles que puedan darse a partir de 1 de enero  de 2021 ya que la Cámara de los Comunes del Reino Unido votó a favor el proyecto de ley el pasado martes 22 de septiembre.

Sin embargo, por otro lado, es importante remarcar que los negociadores y sus equipos están en contacto y, tal y como destacó David  Frost, negociador del Reino Unido para el Brexit, existe un deseo mutuo de llegar a un acuerdo antes de la mitad de octubre.

Máis información: Comisión Europea

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